La imagen de largas colas de asistentes a festivales esperando a ser registrados en busca de comida o bebida que acaba en contenedores se puede acabar. El Ministerio de Consumo ha abierto por primera vez un expediente sancionador a una empresa organizadora de eventos y festivales en diversas partes del país. El motivo es que “la compañía incluye como cláusula obligatoria la prohibición expresa de entrada al recinto del festival con comida o bebida del exterior, pudiendo los asistentes ser registrados y, en su caso, denegarles la entrada”, explica en un comunicado.

Esta promotora, de la que Consumo no quiere dar el nombre para preservar su presunción de inocencia, según explica una portavoz a este periódico, cambiaba esta cláusula en cada uno de los festivales organizados para amoldarse a la regulación de cada comunidad autónoma. Así, en algunos se podía acceder con una botella de agua pequeña, una pieza de fruta, un sándwich o snack precintado, pero no con bocadillos o comida casera envueltos en papel de plata o film.

Además, en estos festivales el sistema de pago pasa por una pulsera que llevan los asistentes y que es el único dinero admitido dentro del recinto. La prohibición de pagar en efectivo y no reembolsar lo que sobra en las pulseras son los otros dos motivos que han llevado a Consumo a abrir este expediente y tildar de posibles “cláusulas abusivas” las condiciones con las que se celebran los eventos de esta promotora. La excusa para no hacer la devolución de la cantidad sobrante son los gastos de gestión, explica el comunicado. El festival no reembolsa por debajo de 2 euros debido a que los gastos ascienden a 1,5 euros.

Pese a ser una práctica habitual en eventos musicales, es la primera vez que el ministerio encabezado por Alberto Garzón abre un expediente sancionador desde que se le otorgó este poder en 2022 —aunque investiga a siete aerolíneas por irregularidades en su política de equipajes de mano—. Las normativas autonómicas difieren mucho en este aspecto. Algunas como la madrileña apuntan que únicamente se puede limitar el derecho de admisión por motivos de seguridad; otras como la gallega permiten cláusulas sobre la comida y existen otras que ni siquiera se pronuncian. Al tratarse de una empresa que ha cometido presuntamente irregularidades en varios territorios, le compete a Consumo hacerse cargo. De esta forma, prevalece la Ley General para la Defensa de los Consumidores, que no permite la limitación de acceso en este sentido y, además, explica que se debe aceptar el pago en efectivo en cualquier establecimiento.

La empresa puede estar enfrentándose a una infracción grave o muy grave con multas que superan los 10.000 euros y ascienden a 100.000 en el caso de las graves, y entre 100.001 y 1.000.000 de euros, en el caso de las muy graves. Además, en el caso de que el beneficio ilícito obtenido por las prácticas supere estas cantidades, las sanciones pueden alcanzar hasta entre cuatro y seis veces el beneficio obtenido, para las infracciones graves, y entre seis y ocho veces para las muy graves.

Otras prácticas denunciadas

La limitación de acceso por comida y bebida es un tema recurrente cada verano contra el que varias asociaciones de consumidores se han plantado. Facua-Consumidores en Acción denunció el año pasado a más de una veintena de festivales por estas prácticas. Rubén Sánchez, secretario general y portavoz de la organización, asegura que han observado un aumento en los últimos años: “De uno o dos eventos donde te prohibían entrar con comida y bebida, se ha llegado hasta prácticamente el 100%”.

La entidad liderada por Sánchez ha denunciado públicamente este año a festivales como el Conexión Valladolid Festival, que no deja entrar con comida y al que además han exigido compensar la ausencia de la cantante Ana Mena; y el Bilbao BBK Live o el Reggaeton Beach Festival, que se celebra en 11 localidades distintas, por las mismas prácticas que explica Consumo en el comunicado. El Reggaeton Beach, que se ha visto envuelto en algunas polémicas —se ha cancelado este año en Madrid por no garantizar las condiciones de seguridad—, es el señalado por Facua como el destinatario del proceso sancionador; sin embargo, fuentes del festival han manifestado a este periódico que no tienen noticias de Consumo.

Tanto Facua como el ministerio hacen hincapié en el hecho de establecer protocolos de registro de los asistentes en busca de comida y bebida. El motivo que la ley recoge para cachear a alguien en estos eventos es ante sospecha de llevar sustancias ilegales o armas. “Lo que no pueden hacer es registrarte para ver si llevas un arma llamada bocadillo de jamón”, ironiza Sánchez. Además, el portavoz recuerda que estos registros deben realizarlos personal de seguridad homologado.

Los festivales y conciertos no son las únicas actividades culturales señalados por este tipo de prácticas. Las redes sociales se han llenado últimamente de denuncias contra cines que restringen la entrada de comida, como la del escritor El Hematocrítico, al que le obligaron a entregar las palomitas que estaban comiendo, y de videotutoriales en los que la gente muestra a otros cómo consiguieron introducir comida en las salas. En Madrid, Facua ha presentado una demanda judicial contra los Cines Yelmo por este motivo. Con este expediente Sánchez ve una salida: “Es una buena noticia para los consumidores y un aviso para navegantes porque el ministerio les está diciendo que mañana les puede tocar a ellos”.