La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha identificado a Jesús Ezkurdia como la persona que el pasado mes de agosto, días antes del comienzo de la Vuelta a España y también durante su desarrollo, envió a diferentes personas, entidades y empresas, documentos extraídos del sumario de la Operación Ilex contra el dopaje que supuestamente demostraban la relación ilícita con el médico extremeño Marcos Maynar, investigado en la operación, de varios ciclistas y el mánager del equipo Caja Rural. A mediados de noviembre, miembros de la UCO tomaron declaración como investigado a Ezkurdia, quien, acompañado de su abogado, se acogió a su derecho a no declarar.
La UCO presentó una denuncia contra Ezkurdia en el juzgado de guardia de Vitoria, ciudad desde la que, supuestamente, efectuó el envío postal de los documentos, que reflejaban conversaciones y mensajes vía WhatsApp de los ciclistas con Maynar y algunos intermediarios y supuestamente demostrarían conductas dopantes de los deportistas. Los documentos llegaron por vía postal y, posteriormente, por email, a las redacciones de algunos medios informativos, a las sedes de la agencia española antidopaje (CELAD), de la federación española de ciclismo y de Unipublic, organizadora de la Vuelta, y a los mánagers de los equipos que disputaban la ronda española.
El juzgado número 3 de Vitoria, al que le llegó el caso por reparto, instruye una causa por un presunto delito de revelación de secretos, castigado con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.
En el momento de los hechos, Ezkurdia era el presidente de la Fundación Euskadi, y mánager del Euskaltel Euskadi, un equipo que había disputado la Vuelta de 2022, pero que en 2023 no había sido invitado a participar. Su lugar en la ronda española lo ocupó justamente el Caja Rural, ausente en 2022. Posteriormente, el 24 de octubre pasado, Ezkurdia renunció a su cargo en la Fundación Euskadi por una serie de “problemas de gestión económica”, según fuentes de la sociedad vasca, totalmente ajenos al presunto envío. Las mismas fuentes señalan que la Fundación es totalmente ajena a las presuntas maniobras y acciones de su expresidente, que condenan.
El Grupo Deportivo Preventia, sociedad titular del Caja Rural, se ha sumado a la denuncia. “Pusimos una denuncia ante la UCO en la que no denunciábamos a nadie en concreto, porque desconocíamos quién podía ser el autor de los envíos anónimos”, señala Fermín Armendáriz, abogado que representa al Preventia. “Entendemos que es un delito de revelación de información reservada, y también nos querellamos por daños económicos y daños al honor. La Guardia Civil tiene plenamente identificado al autor de los envíos por las imágenes de la cámara de seguridad de la oficina postal de Vitoria desde la que se hicieron los envíos de los sobres. Está plenamente identificado”.
El runrún de los papeles del Caja Rural causó un gran revuelo durante la Vuelta, aunque la información no salió de la burbuja de la carrera pese a los intentos de los equipos rivales. El director de la Vuelta, Javier Guillén, aconsejó al mánager del equipo navarro, Juan Manuel Hernández, cuyo nombre figuraba en las conversaciones como presunto mediador entre los corredores y Maynar, que no se dejara ver por la carrera, y, además, el Caja Rural retiró a su mejor corredor, el sprinter venezolano Orluis Aular, también citado en los documentos.
Ni Juan Manuel Hernández ha dejado su cargo en el Caja Rural ni ningún organismo antidopaje ha abierto procedimientos sancionadores contra los ciclistas. “Nosotros nos dedicamos a los temas administrativos de dopaje y esto es un tema judicial de penal”, explica José Luis Terreros, director de la CELAD, la agencia española. “Hemos tenido conocimiento, igual que lo tuvo el director de la Vuelta a España, igual que los han tenido la AMA [agencia mundial] y la UCI [federación internacional de ciclismo]. A nosotros nos llegó un día un sobre con un montón de información que nosotros ya teníamos y nosotros lo pusimos en conocimiento de la Guardia Civil. Luego me llamó el director de la Vuelta a España para decirme que le había llegado lo mismo y le dije que sí, que eso nos había llegado también a nosotros y es lo que yo he sabido. Nosotros no sacamos nada nuevo, solo sacamos muy mala impresión del ciclismo español, que da mucha pena. Luego sé que la Guardia Civil ya ha hecho sus investigaciones. Es un tema en el que nosotros somos unos más, como otros a los que les ha llegado esa información”.
La información contenida en los documentos suponía la posibilidad de una conducta sancionable, ya que ni las sustancias de las que hablaban están prohibidas ni Maynar, pese a un pasado cargado de relaciones con el dopaje en el ciclismo y en el remo y una sanción de 10 años, ya cumplida, impuesta por Portugal, tiene prohibido el ejercicio de la medicina y la prescripción en recetas. “Y lo que nos llegó, ya lo teníamos nosotros. Lo que sí que vimos es que estaba manipulado, no era ni siquiera la información que venía del juzgado. Esa persona lo sacó del juzgado, lo manipuló, cambió cosas, tachó cosas, quitó cosas y con eso hizo una especie de dosier nuevo que lo mandó a la gente”, señala Terreros. “Todas las cosas las teníamos y con algunas de esas hemos incoado algún expediente y estamos esperando a que el juzgado de Cáceres termine con la causa penal a Maynar por el caso del colombiano Miguel Ángel López, suspendido cautelarmente por una infracción de dopaje. Parece ser que va a presentar pronto la fiscal el escrito de acusaciones y, a partir de entonces ya conoceremos los que no estén investigados. Y si nosotros tenemos datos de que han cometido una infracción de dopaje, abriremos procedimientos contra ellos”.
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