Los Mossos d’Esquadra se presentaron el pasado miércoles 13 de diciembre en las instalaciones del FC Barcelona. Los agentes solicitaron diversa documentación, por orden del juez que investiga presuntas irregularidades durante la etapa del expresidente del Barcelona Josep Maria Bartomeu. La actual directiva llevó a cabo una auditoría de la etapa de su antecesor y denunció diversos pagos y comisiones que consideraron sospechosas. La policía catalana investiga ahora si algunos de ellos suponen un delito de administración desleal, apropiación indebida, falsedad contable o simulación contractual. Es la tercera causa que salpica a la gestión de Bartomeu al frente del Barcelona, que está investigado también por los pagos a Negreira, el exvicepresidente de los árbitros, y por el Barçagate, como se conoce el caso de contratación de la empresa I3 Venture para realizar campañas de desprestigio a través de las redes.
Los agentes solicitaron en las oficinas del Barcelona documentos referentes a presuntas comisiones por traspasos de jugadores, pagos sospechosos a despachos de abogados o fórmulas para camuflar y fraccionar pagos, tal y como ha avanzado El Periódico y ha confirmado este diario a través de fuentes de la investigación. El club informó de sus sospechas a la Fiscalía en enero del año pasado, y finalmente el juzgado de instrucción 16 de Barcelona ha abierto una investigación para esclarecer los posibles delitos económicos detrás de los hechos denunciados. La causa se encuentra bajo el secreto de las actuaciones.
La actual directiva del Barça explicó que la auditoría, llevada a cabo para conocer el motivo de la mala salud financiera del club, había detectado pagos irregulares que podían suponer un perjuicio al club por valor de 30 millones de euros. Entre las distintas irregularidades, los responsables del Barcelona señalaron comisiones desorbitadas a agentes, de hasta el 33%, como en el caso de la incorporación de Malcom en 2018. La auditoría, denominada forensic, también detectó pagos a intermediarios que no pudieron ser justificados o el contrato con un agente extranjero del que no se podía constatar ningún servicio prestado. También señaló el pago de 1,7 millones de euros a un despacho de abogados por llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.
En la extensa auditoría que ahora supone la base de la investigación de los Mossos, el club también señaló los 15 millones que el Barça pagó al Atlético de Madrid por el derecho de tanteo por dos jugadores, permutas sospechosas de jugadores con el Valencia y el Juventus, así como indemnizaciones previas ante posibles molestias por las obras del Espai Barça. El actual presidente, Joan Laporta, criticó especialmente el “modus operandi” utilizado por la junta de Bartomeu, que supuestamente consistía en evitar los controles internos y estatutarios que habrían posibilitado trocear facturas.
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