La imagen de los jugadores y el entrenador del Atlético de Madrid llamando a la calma a unos encapuchados de la grada del fondo Sur del Cívitas Metropolitano, en la que se concentran los ultras del Frente Atlético, ha sacudido de nuevo al mundo del deporte y ha vuelto a poner en el centro del debate la relación que mantienen los clubes con sus aficiones y con las facciones más radicales de las mismas. Lo ocurrido en el derbi de este pasado domingo en el estadio rojiblanco después del gol del Real Madrid ha vuelto a poner en evidencia cómo los ultras campan a sus anchas en los estadios. Lanzaron mecheros, botellas de agua y hasta pañales al portero Thibaut Courtois que provocaron la suspensión del derbi durante 15 minutos y fueron aplaudidos por los jugadores de su equipo al término del partido. Las declaraciones pospartido del capitán Koke y del entrenador Diego Pablo Simeone denunciando los hechos, pero señalando a Courtois como un provocador, son otra muestra de la ambigüedad y la laxitud con la que los clubes manejan sus relaciones con los ultras.
Después de los vergonzosos incidentes, los ultras se fueron a su casa con aparente impunidad. Solo aparente, porque un joven de 18 años, presuntamente implicado en los hechos, ha sido detenido y el club ha tomado la decisión de expulsarlo de manera permanente, según un comunicado enviado este lunes. Pero, qué pasa con el resto de hinchas violentos que hicieron lo mismo y con esos encapuchados que obligaron a que el partido permaneciera detenido durante 20 minutos. El departamento de seguridad del club rojiblanco “sigue trabajando con la Policía en la identificación del resto de implicados en el lanzamiento de objetos, a los que se expulsará de manera permanente en cuanto sean localizados”, informaron fuentes de la entidad madrileña. Las expulsiones de ultras que el club ha ejecutado en los últimos años cuando han sido identificados no parecen ser un remedio eficiente porque los incidentes se han reproducido y, además, poco espaciados en el tiempo. En menos de dos años, la entidad ya expulsó a los ultras que se encararon con Mario Hermoso, al que llamó mono a Nico Williams o a los que colgaron un muñeco de Vinicius en un puente próximo a las instalaciones del Real Madrid en Valdebebas. Por los incidentes del domingo, el Atlético se expone a una sanción de 6.000 euros de multa y al cierre parcial dela grada. El Comité de Competición de la federación se reúne este miércoles para tomar una decisión al respecto.
Comienza ahora un trabajo policial de visionado de cámaras y de rebobinado de imágenes, registradas en la Unidad de Control Organizativo (UCO), la sede desde la que el Jefe de Seguridad del estadio inspecciona todo cuanto sucede a través de múltiples pantallas. Desde allí se puede seguir en directo, y con zoom, todo lo que ocurre en el interior del estadio, cuya seguridad depende de ese coordinador, un policía nacional, en este caso el inspector José Luis Tucho. Tras ser preguntado por lo ocurrido al finalizar el partido, Tucho explicó que había sido un encuentro complicado, y bajo “amenaza de suspensión del partido”. Una amenaza que, tras una reunión de 20 minutos con el colegiado y la seguridad privada del club, se sorteó con la condición de que se hablara con la llamada “grada de animación” para evitar incidentes mayores. Posteriormente, Tucho reveló que el único detenido hasta el momento (habiendo “más identificados”) estaba, además, en posesión de un arma blanca.
Según la normativa, es el jefe de Seguridad, en este caso Tucho, quien decide cuando y cómo deben intervenir los miembros de la Seguridad Privada del Estadio o, en caso de que se considere necesario, los de la Policía Nacional, siempre ponderando la situación. Al igual que tiene potestad para suspender el partido, si se considera que la situación es muy grave. “Se trata de actuar sin dar lugar a una situación peor a la que se trata de solventar”, explican fuentes policiales que investigan este asunto. “La entrada de la UIP (Unidades de Intervención Policial, popularmente conocidas como antidisturbios) el domingo en esa grada podría haber elevado mucho la tensión, muy probablemente habría habido cargas policiales y eso puede provocar una avalancha, que es algo mucho más peligroso en un estadio lleno de gente”, explican.
Las mismas fuentes policiales, explicaron también, en relación a los encapuchados, que la Ley de Seguridad Ciudadana “establece como infracción grave llevar el rostro totalmente cubierto en lugares públicos excepto por razones de seguridad, salud o necesidad”, por lo que resultaría innecesaria la medida anunciada por el club este lunes para prohibir los pasamontañas y las prendas que oculten la cara de los aficionados en el Cívitas Metropolitano. Lo que en todo caso parece claro para los investigadores es que los encapuchados “no entraron ya embozados”, sino que se colocaron sus máscaras dentro del estadio. Ese momento es el que ahora rastrean entre miles de imágenes grabadas por las cámaras de seguridad para terminar de identificarles.
Son más de un centenar los miembros ultras del Frente Atlético que se ocultan bajo esa marca colectiva y que actúan y han actuado de la manera más salvaje desde hace años. No en vano, protagonizaron uno de los episodios más brutales que se recuerdan en el mundo del fútbol, que fue la muerte a palos durante una reyerta multitudinaria en los alrededores del estadio Vicente Calderón del ultra de Riazor Blues, Francisco Javier Romero Taboada, alias Jimmy. Desde entonces, los investigadores tienen casi monitorizados a los miembros más activos del Frente. “El club sabe perfectamente quiénes son”, aseguran. Otros clubes, como el Madrid o el Barça los han erradicado sencillamente quitándoles su grada, su sitio”, explican. “Si no lo hacen es porque no quieren, porque poder, se puede”, aseguran los investigadores. En el Atlético explican que en ese fondo caben 4.960 personas, que la redistribución total sería hacer pagar justos por pecadores e insisten en que la política es expulsar a cualquier aficionado que sea identificado tras cometer acciones violentas.
LaLiga aseguró este lunes que el dispositivo de seguridad desplegado en el derbi Atlético de Madrid-Real Madrid en el estadio Metropolitano “era ejemplar y que existió colaboración plena del club con la Policía Nacional”. El organismo rechazó la afirmación del sindicato de Policía Nacional Jupol, que este lunes acusó al Atlético de Madrid de “no dejar intervenir a la Policía Nacional” ante los incidentes ocurridos en el partido, que fue suspendido durante 20 minutos. “Tanto el director de seguridad de LaLiga como los directores de partido allí presentes pudieron comprobar que el dispositivo de seguridad desplegado era ejemplar y que existió colaboración plena del Club con la Policía Nacional”, señaló el organismo que preside Javier Tebas.
El club rojiblanco manifestó, por su parte, que “estas actitudes no tienen cabida en el fútbol y manchan la imagen de un estadio que ha vivido un ambiente espectacular con más de 70.000 espectadores en sus gradas y que han mostrado un comportamiento ejemplar en su inmensa mayoría”. Un día antes del derbi, LaLiga comunicó que iba a denunciar y a pedir la detención de los instigadores de una campaña de odio promovida en redes sociales para promover actos racistas dirigidos al brasileño del Real Madrid Vinicius júnior. La campaña proponía que los aficionados del Atlético acudieran al campo con mascarillas para insultar al jugador sin ser identificados.
Los hechos también han provocado que la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte se reuniera este viernes de urgencia y mostró “su más absoluto rechazo” a lo sucedido este domingo durante el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, y volvió a insistir en la necesaria colaboración de los clubes, mientras que dejó claro que trabaja para identificar y sancionar correspondientemente a los responsables de la campaña iniciada para acudir al Cívitas Metropolitano con mascarillas para dificultar su identificación y poder insultar durante este partido.