Los programas electorales de los cuatro principales partidos que concurren a las elecciones generales este 23 de julio ya están sobre la mesa y, con todas las diferencias abismales que presentan en materia económica –de Vox a Sumar, pasando por PSOE y PP–, comparten una característica: todos se dan de bruces con una mayor disciplina fiscal que va a pedir Bruselas (y reclaman varios organismos internacionales) y pecan de poco concretos sobre cómo van a sufragar algunas de sus promesas de gasto o capear la pérdida de ingresos por algunos recortes de impuestos. Más allá de los impuestos, también abundan propuestas medioambientales, energéticas e inmobiliarias, con promesas de construcción de vivienda social, por un lado, e incentivos para facilitar el acceso, por el otro. Todas en busca de un electorado que, según el INE, perdió el 5,6% de su poder adquisitivo en 2022.
Tras años de shock por la pandemia y la guerra en Ucrania, Bruselas volverá a aplicar las reglas fiscales el año que viene. Su vuelta establecerá, ante amenaza de sanción, el objetivo de déficit por debajo del 3% y una ratio de deuda pública menor al 60% del PIB.
El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha sido la víctima y el verdugo del aumento del endeudamiento de estos últimos años y es, junto al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, uno de los aspirantes a lidiar con su alivio en los próximos. La deuda pública es en torno a un 15% superior con respecto al inicio de la legislatura –hasta alcanzar el 113,2% en 2022–y el déficit público se encuentra casi un 1,8% por encima del valor de 2019 –al 4,8% del PIB, al cierre del año pasado–.
Los responsables de este aumento van desde los ERTE de la pandemia, hasta las ayudas para paliar la crisis energética e inflacionaria, las que han supuesto un gasto efectivo equiparable al 2,5% del PIB entre 2022 y 2023, según la Airef.
Queda pendiente el cómo y de qué manera, se alcanzarán estas metas comunitarias, que se negociarán durante la presidencia española del Consejo de la UE. No obstante, el consenso del Banco de España, la Airef y el BCE, entre otros, claman por que comience ya el proceso de consolidación fiscal. Los programas electorales, por el contrario, siguen sin destacarlo.
Las reformas fiscales han sido el plato principal de los programas económicos desde hace décadas. Ya en 1995, el entonces candidato José María Aznar anunció que emprendería una profunda reforma fiscal si llegaba a la Moncloa. Esta gran reforma tributaria, centrada en el IRPF, marcó un antes y un después.
Desde entonces todas las campañas electorales han contado con el debate tributario, al tiempo que delimitó dos formas de actuar. Por un lado, una focalizada en las rebajas fiscales, con el objetivo de ampliar las bases tributarias e incrementar la recaudación. En el otro lado, la centrada en las subidas de impuestos para las rentas más elevadas, buscando una mayor justicia social e incrementándose también la recaudación.
Sin embargo, durante las elecciones que llevaron a Aznar a la presidencia del Gobierno, España vivía un momento de despegue económico y se preparaba para cumplir las reglas para entrar en el euro. En la actualidad, moderar las cuentas públicas no solo es un reto, también una obligación, cuya urgencia no se aprecia en los distintos programas electorales.
El programa electoral del PSOE: más transparencia, mismas políticas de gastos e ingresos
El partido candidato a la reelección, el PSOE de Pedro Sánchez, fue el último en publicar ayer sus programa marco, en el que detallan sus medidas para seguir “financiando el estado del bienestar”. Con el conjunto de recetas de las casi 300 páginas del documento, el PSOE promete “aumentar el nivel de PIB un 3%, aumentar la productividad, duplicar el crecimiento potencial, y culminar el alineamento del mercado laboral a la media europea”, para lo que se plantean el objetivo de alcanzar una tasa de paro por debajo del 8%.
El PSOE destaca en su programa la defensa de “unas cuentas públicas saneadas y sostenibles”. Los socialistas destacan que a pesar de que los Estados no estaban obligados por las reglas fiscales a equlibrar los saldos presupuestarios durante los últimos años, España ha protagonizado “un descenso continuado de las ratios de déficit”. Por ello, el Partido Socialista apuesta por “la mejora continua de la eficiencia en el gasto público, a través de los planes de revisión de gasto y la evaluación de políticas públicas”.
En línea con las propuestas de los últimos meses del Gobierno, el PSOE propone que la vuelta a las reglas fiscales permitan conjugar la consolidación de los ratios de deuda y déficit públicos con una inversión sostenida, que permita a las economías seguir creciendo.
El PSOE también ha propuesto promover un pacto de estado contra el fraude fiscal, para lo que pretenden reforzar la Agencia Tributaria, así como impulsar “el afloramiento y regularización de la economía sumergida” que elimine “las ventajas competitivas de los que abusan del sistema”.
Competencia fiscal
Dentro de las propuestas fiscales, el PSOE se compromete a mantener los impuestos temporales a la banca y a las energéticas en caso de que estas empresas continúen produciendo beneficios extraordinario. De no existir dichos ingresos adicionales, la promesa se limita a la “evaluación” de ambos gravámenes, así como del impuesto a las grandes fortunas. En este sentido, han avanzado que avanzarán “en el debate sobre la tributación de la riqueza”, enmarcado en el modelo de financiación autonómica para acabar con la “competencia desleal” entre autonomías, de modo que armonizara el impuesto en el territorio.
Los socialistas también han propuesto el aumento el mínimo por descendientes y personas dependientes en el IRPF, con el fin de apoyar a las familias con hijos, impulsar la natalidad y acompañar en el cuidado de mayores, afirman.
En el ámbito de la empresa, los socialistas quieren impulsar una mejora de la fiscalidad de autónomos y pymes, aumentando los incentivos para impulsar su apuesta por la transición ecológica y digital. Y, en lo referente a pensiones, prometen que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social estará dotado con más de 20.000 millones de euros en 2027.
El programa electoral del PP: deflactar la tarifa del impuesto de la renta y derogar la ley de vivienda
Hasta un total de 365 medidas, es la oferta programática del Partido Popular para estas elecciones del 23J. Las recetas económicas de la formación dirigida por Alberto Núñez Feijóo, se concentran en el control del déficit y la deuda, así como la reducción de la presión fiscal. Como medida inmediata propone corregir los efectos de la inflación en la tarifa del IRPF. Para ello se procederá a la deflactación de la tarifa, para frenar la denominada “subida en frío” por el incremento de los precios, lo que los populares denominan una subida de impuestos sobre la clase media.Otra de las medidas tributarias que propone va dirigida hacia una reducción del IVA de la carne, pescados y conservas pero de carácter temporal, con lo que se uniría a las medidas ya en vigor hasta final de año en determinados alimentos de primera necesidad, aprobadas recientemente por el Gobierno.
Sin embargo las medidas de carácter tributario no finalizan aquí, ya que el compromiso que adquieren los populares en su programa es lo que denominan “una reforma integral del sistema fiscal”. Pero el programa aparte de los grandes titulares no recoge lo que se podría entender como la letra pequeña, un análisis más pormenorizado y concreto de las medidas. Será probablemente durante la campaña que se inició este viernes, cuando se ofrezcan más detalles.
Hasta que esto se produzca, el compromiso se centra en la eliminación del impuesto a las grandes fortunas, la simplificación del IRPF y el impuesto de Sociedades para las pymes, especialmente para aquellas con pérdidas.
En materia de vivienda, los populares proponen un pacto de Estado en el que participen tanto las comunidades autónomas como las entidades locales. Se comprometen formalmente a derogar la ley de vivienda, al considerar que ha generado inseguridad jurídica y no ayuda a resolver ninguno de los problemas de fondo de este mercado. Los jóvenes hasta 35 años contarán con avales para la concesión de créditos hipotecarios por valor de hasta un 95% de la totalidad del precio de la vivienda. Para resolver el problema de oferta de vivienda, el compromiso que adquiere en su programa es la movilización de suelo público, con el fin de buscar fórmulas de promoción de vivienda en alquiler asequible.
A fin de evitar los problemas que genera la escasez del agua, y que este año se ha reflejado en la sequía con el consiguiente aumento de los precios de los alimentos, propone un nuevo plan hidrológico.
En materia energética, la propuesta popular, con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear, propone extender la vida útil de las centrales nucleares, al tiempo que impulsará la electrificación y la descarbonización de la economía,con el fomento del almacenamiento de energía renovable.
El programa electoral de Sumar: dos menciones al déficit y hacer estructurales los impuestos temporales
En las 185 páginas del programa electoral de Sumar –la coalición de 16 formaciones de izquierda, liderada por Yolanda Díaz–, tan solo hay dos referencias al déficit público y la deuda.
La primera, de corte nacional, pone el foco sobre la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, para “hacer compatible la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad de la deuda con la inversión y el papel proactivo que debe tener la política fiscal”.
La segunda apunta a Bruselas, y aboga por que la supervisión comunitaria de la deuda y el déficit recaiga sobre el Consejo de la UE y la Eurocámara, en lugar de la Comisión; además de reformar las reglas fiscales europeas que entrarán en vigor el año que viene para “superar el esquema obsoleto” de la reducción del déficit público y la deuda por debajo del 3% y el 60% de la ratio del producto interior bruto (PIB), respectivamente.
Impuestos
Dentro de las medidas fiscales, Sumar promete hacer permanente los impuestos temporales a las grandes fortunas y a las entidades financieras y energéticas. En el caso de las grandes fortunas, la formación rosa propone llegar a tipos impositivos de, al menos, el 4% para los patrimonios más elevados.
Además, el programa electoral explora la posibilidad de aumentar los tramos del impuesto de la renta sobre las personas físicas (IRPF) al ampliar el número de tramos a partir de 120.000 euros y la aplicación de tramos marginales crecientes: del 45% marginal actual hasta el 52% para rentas de a partir de 300.000 euros. Por otro lado, la formación también promete impulsar el acercamiento de los tipos de las rentas del ahorro a las del trabajo a rentas iguales o superiores a 120.000 euros. El objetivo de Sumar es llegar a un tipo del 30%, desde el casi 26% actual.
El programa electoral de VOX: tipo único en IRPF del 15% hasta rentas de 70.000 euros y rebaja de tipos del IVA
En materia tributaria, la propuesta electoral de Vox se centra en la implantación de hasta dos tipos únicos, lo que la formación califica como la reforma fiscal “más profunda de la historia reciente”. La simplificación del impuesto contempla un tipo único reducido del 15% a aplicar sobre bases imponibles inferiores a 70.000 euros y un tipo ordinario del 25% para bases imponibles superiores a esta cifra. También contempla la aplicación de una exención de 22.000 euros anuales de rentas de trabajo con independencia de tener uno a dos pagadores.
La particularidad es que ambos tipos se reducirán en cuatro puntos por cada hijo, por lo que una familia con cuatro hijos no tributará en el IRPF si las rentas son inferiores a 70.000 euros y solo pagará un 9% si superan esta cifra.
Aboga por la recuperación de la deducción por inversión en vivienda habitual, generalizar la deducción por el coste del alquiler. También propone revertir la subida del IVA de 2012 realizada por el PP, con lo que retomarán el tipo reducido al 8% y el general al 18%. En fiscalidad empresarial aboga por la reducción progresiva a lo largo de la legislatura, hasta alcanzar el 15%. Defiende la supresión del impuesto de patrimonio, sucesiones y donaciones y el municipal de plusvalías, al tiempo que legislará para recuperar los tributos cedidos a las comunidades autónomas (actos jurídicos y transmisiones patrimoniales).
En materia de vivienda, proclama tolerancia cero con la ocupación ilegal, liberando suelo para edificar y elevar la oferta.
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