Los fondos acreedores de Naviera Armas vislumbran una venta de la compañía. Cuentan con Houlihan Lokey, el asesor de la compañía en la reestructuración, como banco encargado de pilotar este proceso. Y a dos posibles inversores, Grimaldi y Balearia, según indican fuentes financieras.
Los bonistas acordaron en abril el rescate de Naviera Armas. Un grupo de inversores liderados por JP Morgan, Barings, Cheney Capital, Bain Capital y Tresidor ha acordado reducir sustancialmente el pasivo de la compañía canaria de transporte marítimo, al pasar la deuda de la compañía de los 445,9 millones a los 178 millones gracias a un proceso de recapitalzación de deuda y conversión en capital. Han acordado postergar los vencimientos a 2026 e inyectar hasta 73,3 millones al grupo para cubrir sus necesidades de liquidez mientras se cierra esta refinanciación.
A cambio, los bonistas se han hecho con el 94% del capital. Han dejado a los fundadores, la familia Armas, con un 6%. Y han impuesto una dirección transitoria, con Sergio Vélez, mananing director de FTI, como consejero delegado.
Los bonistas son fondos que por su propia definición tienen siempre en mente la desinversión y no quieren prolongar mucho su tiempo al frente de la compañía. Esperan lograr próximamente la homologación del juez al plan de reestructuración. Aguardan también que el visto bueno judicial esté listo tras el verano para poder exhibir entonces buenas cifras por la temporada turística y la operación paso del estrecho, una de las principales vías de negocio de la empresa. Dependerá de estos números si deciden activar la venta de la compañía en los próximos meses o, en caso de que sean más negativos de lo esperado, esperar y dar un vuelta más al negocio.
La desinversión de Armas estaba ya prevista prácticamente desde el inicio de la reestructuración. De hecho, el mandato a Houlihan Lokey, el asesor de la empresa, contemplaba ya una venta de la firma. PJT ha trabajado por cuenta de los bonistas.
Aun antes de que arranque la venta ya hay dos candidatos claros, que sondearon una operación a finales del año pasado. El primero es Balearia, cuyo presidente, Adolfo Utor, ya afirmó en una entrevista con CincoDías que su intención era hacerse con su rival. La idea es crear un gran grupo español del transporte marítimo, capaz de hacer frente a sus competidores, Grimaldi y MSC Cruceros.
Los italianos son los otros grandes contendientes. En 2021 acordaron la compra de las rutas de Naviera Armas en Baleares, parte de Transmediterránea, una compañía que los canarios compraron a Acciona en 2018 por 420 millones. El mercado también especula con que ahora se lancen a por el resto de la empresa.
El principal escollo para lanzar ya el proceso lo ponen los bancos. El acuerdo rubricado por los acreedores y la compañía obliga a la banca española –con Santander, Sabadell y CaixaBank a la cabeza– a asumir una quita total por el crédito de 64,5 millones, con aval del ICO, que le concedieron con la pandemia. Esto es lo que, de acuerdo a la nueva ley concursal, se conoce como derecho de arrastre, que permite a una mayoría de los acreedores a obligar a otros deudores o accionistas a aceptar los términos que decidan para reestructurar una compañía. La banca, sin embargo, está decidida a presentar batalla y pedir un tratamiento igual al del resto de acreedores y, desde luego, no peor al de los aciconistas.
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