La incorporación de los nuevos trabajadores en plantilla al plan de pensiones de la empresa deberá ser casi inmediata. Así lo recoge la modificación aprobada ayer en Consejo de Ministros que completa el desarrollo reglamentario de la Ley de Planes de Pensiones de Empleo, que impulsa de forma rotunda el ahorro previsión en el ámbito laboral. Ese ha sido el objetivo que ha perseguido el ministerio de José Luis Escrivá en la legislatura y que ha quedado apuntalado tan solo unos días antes de la celebración de las elecciones generales.
En el real decreto aprobado ayer se establece que la adscripción de los trabajadores al plan de pensiones de la empresa se reduce al plazo de un mes como máximo desde su incorporación a la compañía, según confirman desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Hasta el momento, las empresas disponían de hasta dos años de plazo, con lo que el cambio legislativo promete acelerar la incorporación de trabajadores a los vehículos de ahorro para la jubilación. La medida está pensada para los nuevos fondos de pensiones de promoción pública, la figura a través de la que el ministerio de Escrivá pretende impulsar el ahorro previsión en el ámbito de la empresa, y también para todos los planes de pensiones de empleo ya constituidos. Así, esa adhesión al plan de empleo deberá ser casi inmediata en los vehículos de las grandes corporaciones, como el de Telefónica, y también en los que constituyan las pymes.
Escaso volumen
El ahorro en planes de pensiones en España es reducido –mínimo si se compara con el volumen ahorrado en depósitos bancarios, al filo del billón de euros– y está claramente concentrado en los planes individuales, los promovidos por entidades financieras. A cierre del primer trimestre, según datos de Inverco, el volumen de ahorro en planes individuales ascendía a 82.553 millones de euros, frente a los 35.200 millones en los planes de empleo, correspondientes de forma mayoritaria a grandes empresas y a la administración pública. Y el número de partícipes en planes de individuales se eleva a 7,35 millones, frente a los 1,909 millones en los planes de empleo.
Los planes de pensiones individuales han sufrido un duro varapalo fiscal en la legislatura. Con el objetivo de inclinar el ahorro hacia los planes de empleo, se rebajó de forma drástica la aportación a planes individuales deducible en la declaración de la renta a los 1.500 euros anuales, frente a los 8.000 euros del tope que había hasta 2020. A cambio, el límite de aportación a los planes de empleo se elevó a los 8.500 euros.
La gran figura por la que apuesta el Ejecutivo para impulsar el ahorro previsión en la empresa son los fondos de pensiones de empleo de promoción pública, a los que podrán adscribirse planes de empleo ya en vigor y los planes de pensiones simplificados, dirigidos a pymes y autónomos y colegios profesionales y que ya están impulsando numerosas gestoras.
Otra de las novedades aprobadas ayer en Consejo de Ministros es que se podrá seguir realizando aportaciones a ese nuevo fondo de promoción pública en el caso de jubilación parcial. También será posible que los ahorradores se beneficien de aportaciones realizadas por las empresas a través de programas comerciales o campañas de patrocinio.
Los cabos sueltos del macrofondo de empleo
Plataforma digital. Los nuevos fondos de empleo de promoción pública se gestionarán a través de una plataforma digital que permitirá poner a disposición de promotores y trabajadores toda la información. Su funcionamiento comenzará en los próximos meses pero en breve quedará resuelto el concurso por el que se conocerá qué entidades serán las encargadas de gestionar los fondos. Serán cinco y ya se da por seguro que formarán parte de ese quinteto las gestoras de pensiones de CaixaBank, Santander e Ibercaja, a las que podrían sumarse BBVA y Caser.
Menor precio. Estos nuevos fondos echarán a andar previsiblemente en otoño, con la ventaja de que tendrán comisiones más bajas que los planes individuales, de entre el 0,1% y el 0,25% anual.
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