La Comisión Europea ha confirmado que el plan de recuperación y resiliencia español aprobado por Bruselas incluye el compromiso de adoptar una ley sobre movilidad sostenible y financiación del transporte y de introducir un mecanismo de pago por el uso de carreteras a partir de 2024, aunque hace apenas tres días la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, lo desmintiese “categóricamente”. Si bien existe un matiz importante: el Gobierno no negó que no estuviese recogido en el plan, sino que afirmó que en el contexto de la guerra de Ucrania había pedido renegociar esta medida. Diversas fuentes confirmaron a EL PAÍS que esta iniciativa está incluida para renegociarla en la adenda que ahora mismo se está discutiendo con la Comisión para añadir al plan unos 8.000 millones extra en ayudas y más de 80.000 millones en créditos. Estas fuentes también señalan que es muy difícil que Bruselas acepte no implantarlos.

“Entendemos que el plan español se refiere a un mecanismo de pago por el uso de las carreteras que comenzará en 2024 en línea con el principio de ‘quien contamina, paga’”, ha confirmado en rueda de prensa la portavoz económica de la Comisión, Veerle Nuyts.

La medida fue anunciada hace una semana por el director general de Tráfico (DGT), Pere Navarro, y desmentida posteriormente por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que daba por “zanjada” la polémica surgida en torno al posible pago de un peaje por el uso de las autovías en España y negaba “categóricamente”que se fuese a pagar.

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario ha confirmado que la medida aparece en el plan que fue aprobado tanto por Bruselas como por los Estados miembro y aparece ligado, en concreto, al desembolso del quinto tramo del plan, que asciende a más de 8.000 millones de euros.

“Evaluaremos esta medida cuando alcancemos la quinta petición de pago de España, así que no es una discusión para hoy”, ha apostillado la portavoz de la Comisión. Así lo recoge también el texto del plan al que Bruselas dio su visto bueno, donde se especifica que la medida tiene el objetivo de “internalizar los costes externos del transporte por carretera, creando a tal fin incentivos para lograr una mayor eficiencia en este sector y propiciando una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero”.

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