Entre los objetivos del revalorizado modelo social europeo, impulsado por el pilar social de 2017, destaca la mejora de la conciliación familiar y laboral en los Estados miembros. Existe un gran consenso europeo en fortalecer la eficiencia y la tutela de estos derechos, bajo los principios de corresponsabilidad entre progenitores y no discriminación, con atención a la diversidad social. La baja natalidad en nuestros países, que debe ser revertida, y la dificultad de encajar las necesidades personales de los trabajadores en la organización de las empresas, fundamentan esta apuesta de futuro ante el paulatino envejecimiento de las poblaciones europeas.
El factor de la conciliación y corresponsabilidad familiar y laboral está transformando la regulación del tiempo de trabajo, por impulso europeo, como acaba de suceder en España con la nueva normativa que fortalece estos derechos. De un lado, se prevén fórmulas de trabajo flexible desde esta perspectiva, con jornadas adaptadas a las distintas necesidades de cuidado, que se suman al ya existente derecho de reducción de tiempo de trabajo. De otro lado, se articulan novedosos permisos, como el parental o de urgencias familiares, que suman a los de nacimiento de hijo con protección social, aquí equiparados entre los progenitores, o a las clásicas excedencias. Este nuevo marco normativo tiene el refuerzo de la tutela frente al despido con una expansión de la nulidad extintiva.
La integración de este objetivo en la regulación del tiempo de trabajo obliga a una distribución de costes entre empresas, trabajadores y Estado, que configura cada legislación nacional. Falta en España una coherencia en este modelo distributivo. Buena parte del coste de estas herramientas, las jornadas reducidas o determinados permisos, recae sobre las personas trabajadoras, mientras que otras, las jornadas adaptadas, tienes problemas de judicialización que perjudican la organización de las empresas. La cobertura social sigue prácticamente centrada en el nacimiento de hijo y no avanza la inversión pública en guarderías o las ayudas fiscales a las empresas vinculadas a este objetivo. Es necesario un mejor reparto de los costes de la conciliación familiar y laboral, que evite efectos no deseados de brecha salarial de género y atienda especialmente a las empresas en sus respuestas organizativas ante el legítimo ejercicio de estos derechos. Otros países han logrado un mejor equilibrio distributivo con el mismo modelo europeo.
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