El Ministerio de Consumo ha abierto este jueves un expediente sancionador contra varias aerolíneas de bajo coste —no ha desvelado sus nombres— por cobrar a los pasajeros un suplemento por el equipaje de mano que llevan en cabina. Las compañías investigadas se enfrentan a multas de hasta un millón de euros —de entre 10.001 euros y 100.000 euros si la infracción acaba siendo considerada como grave, y entre 100.001 y el millón de euros, en el caso de las muy graves.—. Si el beneficio obtenido ilícitamente superara esa cantidad, se les podría obligar a devolverlo multiplicado por ocho.
El departamento dirigido por Alberto Garzón ha tomado cartas en el asunto en plena temporada alta de viajes, cuando los aeropuertos españoles están a rebosar y la ocupación es mayor. Considera que se trata de una práctica que puede vulnerar la ley, primero porque desgaja servicios que tradicionalmente se incluían en el precio del billete para pasar ahora a facturarlos aparte, y también porque en la publicidad con la que tratan de captar clientes solo se hacen eco del precio antes de pagar ese sobrecoste, lo cual puede conducir a engaño, porque lo que acaba abonando el consumidor al terminar la compra supera las agresivas ofertas con que las aerolíneas compiten por los viajeros. Y si hubiera tenido toda la información de antemano, tal vez se hubiera decantado por otra tarifa.
Además, Consumo estima que al ocultar el sobrecoste consiguen ventajas competitivas frente a las aerolíneas que hacen lo correcto y son transparentes. “Les permite tener un posicionamiento SEO privilegiado en los motores de búsqueda y en los comparadores respecto a competidores que sí incluyen estos servicios en el precio del billete que se anuncia en el comparador”, señalan en le comunicado con el que han dado a conocer el expediente.
En junio, la organización de consumidores Facua cifró en siete las aerolíneas que estaban bajo el radar de Consumo por cobrar el equipaje de mano. Y recordó que ya denunció por estas prácticas a Wizzair, Ryanair y Vueling. La Dirección General de Consumo de las Islas Baleares abrió el año pasado por este motivo un expediente a estas dos últimas empresas en primera instancia, y luego también a EasyJet, Eurowings y Volotea. Incluso llegó a multar a Ryanair con 24.000 euros.
Consumo critica que estas empresas no solo han impuesto ese recargo, sino que también ponen límites la forma de pagarlo, dado que no permiten el pago en metálico en el aeropuerto por los servicios adicionales, en contra de lo dispuesto por la normativa.
Junto al problema del equipaje de mano, hay otro frente abierto con el pago por la reserva de asientos. Consumo ve mal que se obligue a pagar por reservar el asiento contiguo a otro pasajero en el caso de menores o personas dependientes, dado que en la mayoría de casos no les queda otro remedio que hacer la reserva así para atender sus necesidades, con lo que convierten el pago en algo obligatorio para ciertos segmentos de la población.
Desde el sector creen en cambio que las aerolíneas están en su derecho de cobrar. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que prácticas comerciales como el cobro de maleta en cabina o la asignación de asientos son “perfectamente legales y están amparadas en el Reglamento Europeo 1008/2008 que establece la libertad de fijación tarifaria”.
Este mismo año, Ryanair ya se enfrentó a una polémica relacionada con el expediente ahora abierto por Consumo, precisamente con los pasajeros que volaban desde Baleares. La aerolínea irlandesa obligaba a pagar por las ensaimadas que viajaban en sus aparatos al considerar que debían ser consideradas equipaje de mano. Ante el revuelo generado, y las críticas de la Asociación de Panaderos y Pasteleros de Baleares, finalmente la compañía reculó, y anunció que permitiría llevar hasta dos ensaimadas en la cabina sin coste extra, independientemente de la tarifa contratada por el viajero.
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