Los bonos soberanos con etiqueta verde han causado furor en los últimos años. Se trata de emisiones de deuda pública que están vinculadas a la financiación de proyectos que luchan contra el cambio climático. El año pasado se levantaron más de 700.000 millones de euros en todo el mundo con bonos de este tipo. Sin embargo, el precio al que cotiza este activo podría no ser el adecuado. De acuerdo con un informe de Barclays, los inversores estarían minusvalorando el riesgo de daños sobre la naturaleza provocados por el cambio climático y la acción del hombre. Esto podría conducir a una brusca devaluación de esta deuda.

Para los expertos del banco británico, el mercado no está calibrando adecuadamente el peligro de que estos bonos verdes sufran revisiones a la baja de sus calificaciones crediticias, que acaben comprometiendo su cotización en el mercado.

A su juicio, los inversores no suelen tener en cuenta el valor del capital natural. Maggie O’Neal, jefa global de inversión sostenible de Barclays subraya que “la mitad del producto interior bruto mundial está vinculado con la naturaleza”, pero hay muchos países “que no están comprometidos con la lucha por la pérdida de biodiversidad”.

La infravaloración de estos riesgos engloba también su impacto sobre las empresas, que ya están viendo interrumpidas sus cadenas de producción por eventos meteorológicos extremos, como las inundaciones producidas el fin de semana por las lluvias torrenciales en España. En algunos casos, incluso están trasladando sus centros de producción a regiones menos expuestas a los desastres naturales. Este tipo de derivada también acabará afectando a los bonos verdes soberanos.

Los efectos del cambio climático también pueden impactar en la minería, fundamental para sostener las cuentas públicas de muchos países en vías de desarrollo, precisamente el grupo cuyos bonos verdes más podrían estar afectados por estos cálculos erróneos del riesgo climático, según Barclays.

Alvise Lennkh, subdirector de calificaciones soberanas y de finanzas públicas de la firma Scope Ratings explica que algunos inversores ya están muy concienciados sobre el impacto económico de los desastres naturales: “es el caso de las aseguradoras, que invierten a plazos de 20 años o más y en las que se aprecian cambios en las primas por este motivo”.

El experto sí reconoce que el conjunto del mercado aún no ha incorporado del todo el riesgo climático, algo que acabará sucediendo. “Los inversores tendrán que estar alerta sobre el efecto de estas externalidades en los balances de las compañías y en las cuentas públicas”.

Entre los impactos directos atribuibles al cambio climático están el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, la subida del nivel del mar y, por supuesto, el aumento de la temperatura global y de las sequías.

Precisamente, la agencia Scope realiza un ejercicio llamado Prueba de Estrés Climático Macroeconómico y, en España, el gran problema va a ser la sequía persistente, como la vivida en 2023. “Las sequías podrían costar a España 4,6 billones de euros hasta 2050. Esto equivale al 8,3% del PIB per cápita. España e Italia van a concentrar el 45% de las pérdidas hipotéticas por el clima extremo, que ascenderán a 32,7 billones de euros en el conjunto de la UE”.

La carencia de agua de lluvia afecta, evidentemente, al sector de la agricultura. Pero este verano también se ha dejado sentir en el turismo, que ha dejado de recibir a visitantes europeos que han preferido buscar destinos vacacionales menos calurosos. Al final, estos impactos sobre las empresas también repercutirán en las cuentas públicas.

Litigios legales

Otra derivada climática que puede acabar afectando a los emisores de deuda soberana con perfil medioambiental son los litigios en los tribunales. Ayer, Frank Elderson, miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo, explicaba en una conferencia que cada vez hay más juicios contra Estados y contra otros organismos por no hacer lo suficiente para combatir el cambio climático. Desde 2021 se han interpuesto 560 nuevas demandas por este asunto.

Estos casos se denominan casos por el clima sistémicos, se han lanzado en 34 jurisdicciones en todo el mundo y tratan de acelerar cambios en políticas Además, insistía Elderson, existen riesgos de transición para la economía y por bruscos cambios regulatorios.

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