La Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, presidida por Miguel Ángel Galán, ha comunicado esta tarde al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que se reunía hoy para tomar una decisión sobre el caso de Luis Rubiales, que uno de sus miembros, Jaime Caravaca Fontán, ha participado activamente en sus deliberaciones a pesar de ser familiar de Ramón Caravaca, abogado penalista del despacho que representa habitualmente al todavía presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF). La AFE también ha denunciado dicha inconveniencia.
«A pesar de esta relación familiar», dice el escrito, «el señor Jaime Caravaca ha conocido y participado activamente en la causa, incluyendo la toma de decisiones y votaciones. Este accionar, en sí mismo, anula la imparcialidad que debe prevalecer en el funcionamiento del tribunal».
Jaime Caravaca, abogado del Estado adjunto, es una de los siete miembros del TAD y tiene un vínculo de parentesco de consanguinidad de tercer grado (sobrino) con Ramón Caravaca, socio codirector del despacho de abogados GC Legal, que «se ocupa de la asesoría integral de la RFEF y del Sr. Rubiales.
Los integrantes de GC Legal desempeñan un papel fundamental en la toma de decisiones y la gestión que realiza el Sr. Rubiales», reza el escrito: «Su participación, delegada por el denunciado, se extiende a diversas instancias, como las asambleas, donde intervienen y expresan sus opiniones. Además, su influencia se hace patente en las Juntas Directivas y en las Comisiones Gestoras durante los periodos electorales, «con un peso extraordinario en las decisiones que se adoptan, todo ello en delegación del denunciado Sr. Rubiales». Ello, en opinión de esta asociación, impide la imparcialidad de Caravaca júnior en un proceso de esta trascendencia.
El otro socio codirector del despacho GC Legal, Tomás González Cueto, cuyo nombre es frecuente ver en los medios estos días, es junto al vicepresidente Andreu Camps, vicepresidente de la RFEF, el ‘hombre fuerte’ de la entidad que rige el fútbol no profesional español.
Ramón Caravaca, según la citada asociación, «participa y desempeña un papel esencial en todas las gestiones del denunciado: colabora con él, le representa en la mayor parte de sus juicios, comparte despacho y tiene una asociación directa o incluso un papel de liderazgo en el equipo de abogados y asesores que se encargan de las responsabilidades que no son llevadas a cabo directamente por él en relación al Sr. Rubiales y la RFEF».
«De hecho», prosigue, «no creemos que haya un solo procedimiento jurisdiccional o administrativo (incluidas las querellas criminales) en los que el Sr. Rubiales esté personalmente involucrado o representando los intereses de la RFEF, en los cuales AC Legal o directamente el Sr. Caravaca no participen ac[vamente o no se encargue de su defensa y representación».
Según la argumentación del letrado D. Miguel Ángel Ferrero Andrés, «el Sr. Caravaca [sobrino] ha intervenido en un procedimiento administrativo cuando está incurso en causa de abstención legalmente señalada, creando un estado de parcialidad en todas las deliberaciones de ese Tribunal Administrativo, incumpliendo, y haciendo incumplir al Tribunal, las normas esenciales que deben ser seguidas en la formación de la voluntad de un órgano decisorio de un expediente sancionador».
Por tanto, solicitan que el TAD, primero, «investigue el vínculo de parentesco denunciado, tras lo cual abra expediente sobre las actuaciones del Sr. Caravaca y, tras investigar lo acaecido, anule todo el proceso deliberatorio y analice su posible contaminación en las decisiones futuras». Por último, piden apartar de la causa a Caravaca Fontán.
