Quedará para la historia que la primera peruana en dar un mensaje a la nación con ocasión del 28 de julio, Día de la Independencia, le hablara al país durante tres horas y ocho minutos. Fueron setenta y dos páginas, divididas en cinco apartados, para abarcar lo inabarcable: la realidad peruana. La presidenta Dina Boluarte pidió perdón a los familiares de las víctimas que murieron en sus primeros meses de gobierno durante las movilizaciones y llamó a “un pacto de reconciliación”, aunque no asumió responsabilidades. Al mismo tiempo, solicitó al Congreso facultades legislativas para endurecer su política de seguridad contra la delincuencia.
Mientras la mandataria se dirigía al país, con un tono de voz que buscaba transmitir calma, a unas cuadras, en el cruce de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola, en el Centro Histórico de Lima, alrededor de mil manifestantes, principalmente de las regiones, fueron reprimidos por un gran despliegue policial que tenía la misión de evitar a toda costa que la movilización llegara a las puertas del Congreso para manifestar su descontento. Y lo lograron con bombas lacrimógenas y perdigones. Un grupo de manifestantes hizo lo propio con palos. Según la Defensoría del Pueblo son seis los heridos que ha dejado la jornada: cuatro civiles -tres son periodistas- y dos policías.
Para varios analistas el discurso de Boluarte careció de lo más importante: un mea culpa. “Pido perdón, en nombre del Estado, a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares y también a los heridos, y mantengo mi compromiso, junto a los funcionarios y autoridades, de allanarme totalmente y cooperar con el trabajo que, conforme a ley, está realizando el Ministerio Público. No habrá impunidad para nadie en este caso”, sostuvo. Quienes verificaron el discurso de la abogada hallaron que las dos palabras que más utilizó fueron “mil” y “millones” y la que pronunció una sola vez fue “perdón”. En efecto, se trató de un mensaje repleto de cifras, tanto para evidenciar avances, elevar promesas, como para remarcar las pérdidas económicas debido a la convulsión social. “El daño económico directo de los actos de violencia ha sido estimado por la Defensoría del Pueblo, en aproximadamente 5.500 millones de soles [unos 1.500 millones de dólares], cifra compuesta por pérdidas de 2.500 millones de soles [700 millones de dólares] en la producción y 3.000 millones de soles [837 millones de dólares] en daños a la infraestructura”, señaló.
En el hemiciclo del Congreso, donde la presidenta Dina Boluarte leyó ininterrumpidamente, casi sin beber agua, hubo quienes no resistieron como el congresista Elvis Vergara, quien fue captado jugando Angry Birds en su celular. Hubo un par de parlamentarios de oposición que le dieron la espalda y algunos otros que la recibieron con carteles que decían “Alto a la represión”. Pero no fueron mayoría. En general, la Cámara aplaudió a la sucesora de Pedro Castillo durante 188 minutos.
Uno de los pasajes más contradictorios de su mensaje fue cuando dijo haber heredado un país “en grave crisis material, moral y política”, achacándole la responsabilidad al expresidente Pedro Castillo y olvidando que ella fue la vicepresidenta de aquel Gobierno y que, además, ocupó el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social del maestro rural, que el pasado 7 de diciembre protagonizó un intento fallido de autogolpe. “Los peruanos fuimos conociendo la dimensión, el modus operandi y los implicados en la organización criminal que, incluso, desde antes de acceder al poder, habría sido organizada por el expresidente Pedro Castillo, con su entorno familiar más cercano, parte de su Consejo de Ministros, otras autoridades y un conjunto de malos empresarios y empresarias ávidas de conseguir, de manera espuria e ilegal, contratos de obras con el Estado”, dijo.
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Un fragmento de su discurso fue dedicado a la solicitud de facultades legislativas. Si bien es una prerrogativa que los presidentes de la República suelen elevar ante el Congreso, lo relevante es que la mayoría de medidas que pretende impulsar Boluarte se centren en la seguridad ciudadana en el contexto de las protestas. De las 50 iniciativas, 33 están “directamente encaminadas a reducir la máximo las amenazas de la delincuencia”. “Para afrontar el grave desafío de la delincuencia presento un proyecto de delegación de facultades legislativas al poder Ejecutivo, por el plazo de 120 días, a fin de aprobar las medidas que necesita hoy el Perú para enfrentar, con mayor dureza y eficiencia, a la delincuencia y la criminalidad”.
En ese sentido, ha dejado entrever que los inmigrantes, en su mayoría de nacionalidad venezolana, son los grandes causantes del aumento de la criminalidad en Perú. “Los delincuentes y criminales tienen que estar en el lugar que les corresponde. No queremos ver más “malditos Cris” en las calles, robando, secuestrando a pequeños empresarios, asesinando sin piedad, actuando con total impunidad”, dijo en referencia a un hampón que mató a un sereno municipal hace unos meses. La jefa de Estado ha prometido “incorporar, en el Código Penal, como pena restrictiva, la figura de la expulsión, en casos de flagrancia” para ciudadanos extranjeros.
Boluarte aseguró, en cualquier caso, que su Gobierno se ceñirá a las instrucciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con relación a las movilizaciones. “Tiendo mi mano y propongo firmar un pacto de reconciliación, un pacto por la vida, por la paz, por la justicia, por la igualdad”. Muy temprano por la mañana, en la misa de Tedeum de 28 de julio, monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, dijo enfrente de Boluarte: “Parece que no se dieran cuenta que nuestro pueblo sufre (…) el Perú de hoy todavía no ve la luz. Por eso, desde mi misión me corresponde hacer, con todo respeto, a dirigirme a las máximas autoridades del país a dar la cara a nuestros desaciertos. Hay muertes que esperan justicia y reparación”. Según la Defensoría del Pueblo, este viernes hubo manifestaciones en 18 provincias y catorce puntos de bloqueo de carreteras. Este sábado diversos colectivos han anunciado que saldrán a marchar durante la Parada Militar, acto que cierra las celebraciones por Fiestas Patrias.
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