La junta militar de Myanmar ha rebajado cinco de las 19 condenas que pesan sobre Aung San Suu Kyi, la líder democrática detenida desde el golpe de Estado de 2021, según han informado este martes los medios estatales. Una fuente del Gobierno de Unidad Nacional, una administración en la sombra opuesta al régimen castrense, ha confirmado a EL PAÍS que, tras el indulto, Suu Kyi verá su sentencia reducida de 33 a 21 años de prisión y que, de momento, continuará en arresto domiciliario.

El perdón parcial a la premio Nobel de la Paz de 1991 se ha producido en el marco de una amnistía decretada por las autoridades militares a favor de más de 7.000 presos con motivo de la cuaresma budista. Win Myint, presidente del Gobierno depuesto en la asonada, también ha sido indultado. La junta militar anunció los indultos un día después de prorrogar por cuarta vez el estado de excepción y aplazar las elecciones que prometió.

La Unión Europea ha tachado de “gesto sin sentido” la medida de perdón parcial y ha recordado que considera “los juicios por motivos políticos (…) totalmente inaceptables”, ha señalado la portavoz de Exteriores, Nabila Massrali. “Todos los presos políticos y las personas detenidas arbitrariamente deben ser puestos en libertad inmediata e incondicionalmente”, ha subrayado.

La Dama, como también se conoce a Suu Kyi, había sido declarada culpable de casi una veintena de delitos, entre ellos, corrupción, aceptar sobornos, infringir los protocolos anticovid, vulnerar la ley de secretos oficiales, incitar a las protestas y abusar de su posición. Analistas internacionales y organizaciones pro derechos humanos afirman que los cargos en contra de la política no son más que una farsa para que permanezca en prisión de manera indefinida.

Suu Kyi, de 78 años, fue detenida arbitrariamente y puesta bajo arresto domiciliario inmediatamente después de la asonada. Más de un año después, la junta golpista la trasladó desde un lugar desconocido hasta el Centro de Detención de Naipyidó, donde se construyó una sala especial para celebrar los juicios contra ella. La semana pasada, el servicio en lengua birmana de la BBC citó a una “fuente cercana a la prisión” que aseguró que había sido trasladada a una casa utilizada habitualmente por funcionarios del Gobierno.

Myanmar se encuentra sumida en el caos político, económico y social desde que el 1 de febrero de 2021 el Tatmadaw —ejército birmano— perpetró un golpe de Estado con el que puso fin a los intentos de transición democrática iniciados una década antes. El movimiento de resistencia continúa luchando contra los militares en múltiples frentes, después de dos años y medio de fuerte y sangrienta represión a los opositores al régimen. El ejército justifica la asonada por el presunto fraude electoral durante los comicios de 2020, en los que arrasó la Liga Nacional para la Democracia, el partido de Suu Kyi, tal y como ya ocurrió en las elecciones generales de 2015.

El líder militar birmano, Min Aung Hlaing, prometió en 2021 que se celebrarían unas “elecciones multipartidistas, justas y libres” cuando finalizase el estado de emergencia, que en un principio debía extenderse hasta este mes de agosto. Sin embargo, este lunes anunció la prórroga de este periodo especial durante seis meses más, alegando que las votaciones deberían posponerse debido al aumento de la violencia en las calles.

“Durante la celebración de elecciones, para que estas sean libres y justas y para poder votar sin ningún temor, deben reunirse las condiciones de seguridad necesarias y, por tanto, se requiere extender el estado de emergencia”, reza la declaración de la junta emitida por la televisión estatal. Tras conocer la noticia, un portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, exigió “volver a un régimen democrático en Myanmar lo antes posible”.

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