Las matanzas que periódicamente tiñen de sangre el noticiario de Brasil volvieron a hacer acto de presencia el fin de semana. En la ciudad de Guarujá, en el litoral del estado de São Paulo, una actuación de la Policía Militar dejó al menos ocho muertos. La operación se dio después de que un narcotraficante asesinara a un agente de la policía, y hay varios indicios de que las ocho muertes son una represalia. El ombudsman de la policía habla de diez muertos y relatos de torturas y quiere una investigación en profundidad.

Todo empezó cuando el pasado jueves 27 de julio el policía Patrick Bastos Reis, de 30 años, murió baleado cerca del tórax por un tiro disparado desde lo alto de la favela donde estaba patrullando. Según las informaciones de la corporación le mató un joven tirador de élite que trabajaba para el narcotráfico. El sospechoso fue detenido el domingo en la ciudad de São Paulo, pero antes, la policía lanzó una macroperación en Guarujá para buscar a los narcotraficantes que atacaron a los policías. Se movilizaron 600 agentes, un enorme dispositivo que los especialistas consideran poco habitual en estos casos. La llamada Operación Escudo se orquestó en un fuerte clima de conmoción y de sed de venganza. En grupos de WhatsApp y en redes sociales, policías con miles de seguidores compartieron mensajes de incentivo a los asesinatos. A medida que se iban sumando víctimas, anunciaban el recuento en las historias de Instagram. “Saldo en Guarujá: informaciones de que seis angelitos ya están en el sueño eterno”, decía un post del soldado de la Policía Militar Diogo Ranieiri, que en su canal, con 30.000 seguidores, promete entregar “el mejor contenido policial”.

El ombudsman de la policía, una especie de representante de los ciudadanos dentro de la corporación, Claudio Aparecido da Silva, contabilizó hasta diez muertos y aseguró que los vecinos añaden otros dos cadáveres. Citó todo tipo de arbitrariedades relatadas por testigos de la operación, desde torturas a detenidos hasta invasiones de residencias sin mandato judicial, algo ilegal pero muy común cuando la policía brasileña se adentra en las favelas. Finalmente, anunció que pedirá el acceso a las imágenes de las cámaras que los agentes llevan acopladas al uniforme. La Fiscalía también ha anunciado que abrirá una investigación. Las cámaras se pusieron en marcha en São Paulo en 2020 y ayudaron a reducir las muertes provocadas por la policía. La policía brasileña es de las más mortíferas del mundo. Según el Anuario de la Seguridad Pública publicado recientemente, el año pasado los agentes mataron a 6.430 personas, una media de 17 al día. En el Estado de São Paulo la letalidad policial se redujo a la mitad en dos años, algo que los especialistas atribuyen a las cámaras en los uniformes. El gobernador, el derechista Tarcísio de Freitas, quiso hacer un guiño a la corporación y anunció que acabaría con ellas, pero al final dio marcha atrás.

Este lunes cerró filas con la policía. “Estoy extremadamente satisfecho con la acción de la policía, y extremadamente triste con lo que pasó porque nada traerá de vuelta a un padre de familia”, dijo durante una rueda de prensa sobre la operación. El gobernador de São Paulo es, de momento, el mejor colocado para suceder al expresidente Jair Bolsonaro, inhabilitado por la Justicia para presentarse a las elecciones presidenciales de 2026. No obstante, en los últimos tiempos ha tenido algún que otro tropiezo a la hora de encandilar a sus electores más conservadores. El Gobierno que conformó no es tan radical como algunos quisieran, y hace poco incluso exhibió sintonía con el ministro de Economía de Lula, Fernando Haddad, por la reforma tributaria. Los bolsonaristas más radicales no se lo perdonaron. Al sacar pecho y aliarse sin ambages con la policía, reconecta con ese electorado del que últimamente se había distanciado.

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