El Tribunal Supremo Electoral mantiene con vida al Movimiento Semilla, el partido con el que el progresista Bernardo Arévalo de León ganó las elecciones presidenciales del 20 de agosto en Guatemala. Semilla, que abandera el rechazo a la corrupción y promete una “nueva primavera democrática”, enfrenta una amenaza de cancelación desde que pasó al balotaje y se convirtió en la opción política para disputar el poder a los partidos tradicionales. La avanzada, ha denunciado el presidente electo, es un intento de “golpe de Estado” que se dirige desde las instituciones para impedirle que asuma la presidencia en enero de 2024.

Este domingo, el Tribunal Supremo Electoral le notificó al Movimiento Semilla que deja en suspenso la resolución del Registro de Ciudadanos que suspendió provisionalmente la personería jurídica del partido. La decisión del tribunal responde a un recurso de nulidad que presentó Semilla para frenar la suspensión que el Registro dictó el 28 de agosto, una semana después de la victoria de Arévalo y el mismo día en que se adjudicaron los cargos de presidente y vicepresidente.

El partido reclamó ante el tribunal que la decisión del registrador es ilegal porque se dictó cuando el proceso electoral no había concluido y porque la cancelación de un partido es una función exclusiva de las autoridades electorales. “Es fundamental destacar que la resolución del tribunal está confirmando que el partido tiene su personalidad jurídica vigente”, explica a EL PAÍS el abogado Edgar Ortiz.

Con su decisión, el tribunal desactiva la suspensión de Semilla hasta el 31 de octubre, cuando concluye el proceso electoral, pero no entra a valorar si un juez penal puede dictar la cancelación de un partido político bajo el argumento de que la orden judicial “no es una resolución originaria” del órgano electoral ni se dictó en el contexto de los comicios.

El tribunal “no evalúa ni emite juicio sobre el fondo del problema, que no es solamente el periodo dentro del cual se puede cancelar o no un partido” , expone Ortiz. “El fondo es si el oficio de un juez penal puede ordenar las suspensión y sobre ese tema el tribunal dice que no es el recurso ni el momento para discutirlo, por lo que la pregunta queda abierta para más adelante”, añade el abogado.

Así, el futuro del Movimiento Semilla podría definirlo la Corte de Constitucionalidad, que estudia un recurso del partido contra la decisión de una Sala de Apelaciones que confirmó la intromisión del juez penal en las funciones exclusivas del tribunal electoral.

Otro de los puntos importantes de la decisión que ha comunicado hoy el tribunal es que el Registro “se limitó a dar cumplimiento a una resolución judicial”. Pero añaden que, “por razones de seguridad y certeza jurídica”, deben pronunciarse “sobre la oportunidad en la que el Registrador habría de dar cumplimiento a la resolución del juez penal”. Ortiz interpreta que con esa consideración se evidencian las presiones a las que han estado sometidos los funcionarios electorales, pues el director del Registro de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, enfrenta una solicitud de antejuicio y podría ser procesado por desobediencia a la orden de un juez.

“Es penoso que el tribunal reconozca que el registro cumple con algo que que no se puede cumplir, dado que el artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos es claro en establecer los momentos en que se puede o no suspender un partido político (hasta la conclusión de los comicios), lo cual deja ver las presiones a las que han sido sometidos por lo cual terminan cediendo”, agrega Ortiz.

La decisión del tribunal ocurrió el sábado, mientras en las calles se vivió una jornada de protestas en apoyo al presidente electo, Bernardo Arévalo, y para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, señalada por el binomio electo como la dirigente del plan golpista para impedir su investidura.

La avanzada golpista

La suspensión del Registro cumplió con la orden que dictó el juez penal Fredy Orellana a pedido del fiscal Rafael Curruchiche, el 12 de julio pasado, cuando el tribunal electoral oficializó los resultados de la primera vuelta y certificó que el balotaje se disputaría entre el sociólogo Bernardo Arévalo, el candidato del Movimiento Semilla, y la ex primera dama Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza.

Curruchiche, Orellana y la fiscal general han sido señalados por el presidente electo, Bernardo Arévalo, como los responsables del golpe de Estado que se dirige “desde las instituciones que deberían garantizar la justicia en nuestro país encabezadas por la fiscal general Consuelo Porras, por el fiscal Rafael Curruchiche y el juez penal Fredy Orellana, así como la junta directiva del Congreso de la República y otros actores corruptos y antidemocráticos”.

El planteamiento de Arévalo, que comunicó a la población el 1 de septiembre, se relaciona con una investigación penal que reactivó la fiscalía a cargo de Curruchiche justo cuando el Movimiento Semilla avanzó hacia la segunda vuelta presidencial. La fiscalía, que persigue a exoperadores de justicia anticorrupción y periodistas, asegura que Semilla se constituyó con firmas falsas pero en más de 25 ocasiones ha impedido que los abogados del partido conozcan el expediente para poder defenderse de los señalamientos. La investigación ha sido el instrumento de persecución política para tratar de cancelar al partido, han asegurado dirigentes del Movimiento.

Varios analistas consideran que la cancelación del Movimiento Semilla debilitaría el Gobierno de Arévalo, ya que los 23 diputados electos por ese partido no podrían integrar comisiones legislativas ni la directiva del Congreso.

Mientras la suspensión del partido siga en pausa, “la espada de Damocles sigue alzada y afilada”, opina el politólogo Luis Mack. El fin de la llamada avanzada golpista “por el momento no es derribar al Gobierno, sino quitarle su legitimidad, al partido con el discurso de las firmas falsas, es infundir temor y paralizar todo intento de cambio y, de paso, ver si interfieren en la toma de posesión”, remata Mack.

Finalmente, en la resolución que mantiene con vida al Movimiento Semilla, el Tribunal Supremo Electoral exhorta a los poderes del Estado para que “continúen velando por el respeto de la voluntad popular manifestada en las urnas” y “garantizar la alternabilidad del poder mediante el cumplimiento a los acuerdos que han emitido, como la adjudicación de cargos a Bernardo Arévalo y Karin Herrera, como presidente y vicepresidenta”.

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