«Yo creo que es una utopía. Es un mensaje totalmente electoral para ganar votos». Así de sincera se muestra Arantxa Goenaga, abogada y socia de Círculo Legal Barcelona, con respecto a la propuesta de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y líder de Sumar, quien ha prometido reducir por ley la jornada laboral actual de 40 horas semanales a 37,5 en 2024 sin merma de salario. Pero no sólo eso: también ha asegurado que llegará a fijarla en 32 horas durante los años posteriores. «Y lo haremos con diálogo social», ha asegurado Díaz.
Fue a principios de los años 80 cuando en España se aprobó la jornada laboral de 40 horas semanales. «Lo extraordinario es que desde hace 30 años ese proceso se ha detenido -dice Díaz-. En España se trabaja de media 300 horas más que en Alemania o 150 horas más que en Francia». Esta propuesta beneficiará a las familias, pero sobre todo a las mujeres porque son las que «menos tiempo libre tienen», asegura.
La posibilidad de reducir la jornada laboral es un tema de debate desde hace tiempo. De ahí, el nacimiento de iniciativas como la jornada laboral a 4 días, cuyo modelo decidió adoptar la compañía española Software DELSOL en 2020 para demostrar que conciliar sí es posible.
Y es que «está bastante claro, desde la experiencia de Henry Ford hace casi un siglo, que trabajar más horas no implica necesariamente producir más», recuerda a ABC César Martín Izquierdo, presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE), quien también menciona que «la mayoría de los países de nuestro entorno trabajan menos horas que nosotros, siendo su productividad mayor».
Hace ya tiempo que numerosas investigaciones ratifican que la actual jornada laboral no es compatible con la maternidad o que dificulta la conciliación. Reducirla supondría una mayor productividad, igualdad, menor contaminación e, incluso, incrementaría el compromiso de los empleados con los trabajadores.
Pero «el debate realmente importante no es tanto cuántas sino cómo se trabajan esas horas – puntualiza Martín Izquierdo-. En este sentido, la solución sería apostar por una cultura empresarial que prime el cumplimiento de objetivos frente al presentismo».
En el caso de que se aprobase una jornada laboral de 37,5 horas semanales, no significaría, sin embargo, que todos los empleados puedan salir de trabajar a las 18:00 horas «para estar con la familia», como ha dicho la ministra.
«De aprobarse por ley, implicaría que todas las empresas tienen que cumplir esas 32 horas. Si alguien las excede, se considerarían horas extraordinarias», explica a este diario Goenaga. «Evidentemente, no todo el mundo podría salir a las 18:00 horas -continua- porque a las empresas no se les puede imponer horarios laborales. Es decir, los turnos no se verían afectados. Lo mismo pasa con esas profesiones que hacen jornadas más largas y luego tienen más días de libranza. Al final, se trata de que se respete la jornada laboral máxima dentro de un cómputo global».
Otras medidas necesarias
De llevarse a cabo, «su impacto sería positivo», opina el presidente de ARHOE, «especialmente si la medida se acompañe de fórmulas de flexibilidad temporal y especial para las personas trabajadoras, y siempre que se garantice una óptima organización empresarial». Además, «si un trabajador está satisfecho con sus condiciones laborales tendrá un mayor compromiso con la organización, lo que generará que su rendimiento sea mayor. Y precisamente ese desempeño extra es lo que repercutirá en la mejora de los resultados de la empresa, condición necesaria para que la compañía continúe apostando por este modelo en el futuro».
Sobre la opción de llegar a trabajar 32 horas semanales, Díaz ha declarado que será con diálogo. «Puede ser una proposición, pero si no es por ley, no será una medida obligatoria para las empresas», advierte la abogada, tal y como ha pasado con el último acuerdo de subida de suelos.
Aún así, para favorecer una verdadera conciliación de las familias, esta medida necesitaría ir acompañada de otras. «Esta iniciativa no será suficiente ‘per se’, aun demostrándose su impacto positivo en la productividad, si no se acompaña de otras medidas de flexibilidad adaptadas a las necesidades de las personas trabajadora», advierte César Izquierdo. «Además -continua-, los avances en materia de conciliación de la vida personal y profesional en nuestro país suelen producirse a través de un ‘goteo’ de medidas o propuestas legislativas, cuando lo realmente necesario es un pacto de Estado en la materia, que cuente con la participación de los agentes sociales e incluya una actualización del Estatuto de los Trabajadores».